jueves, 21 de marzo de 2019

La Archiconfraternidad trabaja para conseguir un glucómetro para un niño de 12 años de México

La Archiconfraternidad de San Carlos, está trabajando por conseguir un glucómetro FreeStyle de Abbott, para un niño de 12 años mejicano. Desde México nos solicitan un glucómetro  para medir el nivel de glucosa en sangre sin pinchazos rutinarios. Este aparato requiere un sensor mensual que se adquiere por separado.

El glucómetro está destinado a un niño de 12 años que le fue diagnosticada la glucosa tipo 1 al presentar unos niveles de glucosa en sangre de 1000 mg/dl y con 24 horas para lograr bajarla o moriría. El niño estuvo a punto de la muerte pero pudo superar la crisis.

Los escasos recursos de la familia, provocó que comentara el caso a los voluntarios de la Archiconfraternidad en México quienes se pusieron el caso en conocimiento el Presidente Nacional de la Archiconfraternidad, D. Rafael Andújar y Vilches, quien activó todos los protocolos para conseguir este glucómetro que en España aún no se ha comercializado, pero sí en Estados Unidos.

En la actualidad estamos a la espera de contactar con la empresa Abbott y ver el coste del mismo.

El Secretario General de la ONU preocupado por la incertidumbre para la Justicia Especial para la Paz en Colombia


El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia su preocupación con respecto a la incertidumbre que rodea la adopción del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, después de que el presidente de la República, Iván Duque, objetara seis artículos el domingo pasado. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también conocida como Justicia Especial para la Paz, es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado colombiano. 

Guterres aseguró que tiene esperanza de que se tomen medidas rápidas para garantizar que esta ley estatutaria, la base legal de la JEP, parte del acuerdo de paz, se establezca lo antes posible, garantizando los derechos de las víctimas y la ley de seguridad para todas las partes interesadas.

El trabajo doméstico remunerado emplea activamente en México a unos 2,4 millones de personas


Como muchas otras mujeres indígenas, Marcelina Bautista migró a la Ciudad de México en busca de una mejor vida. Cuando llegó de Tierra Colorada Apasco, un pueblo de 300 personas en su natal Oaxaca, a la capital del país tenía 14 años y no hablaba español: “Ese fue el primer impacto”, dice.

Marcelina se empleó como trabajadora del hogar y sufrió la discriminación, explotación y falta de derechos que enfrentan día tras día las empleadas de ese gremio. Ahí vino el segundo gran choque: “Cambiar mi cultura por la de mis empleadores. Muchas trabajadoras del hogar vivimos ese choque cultural y, por necesidad, tenemos que cambiar”, explica en una conversación en Ginebra para Noticias ONU.

Conocedora del valor de su trabajo, Marcelina se convirtió al paso de los años en una de las principales activistas de los derechos de las trabajadoras domésticas en México y en el mundo y, tras años de lucha, consiguió la fundación del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) en el 2000 y, más tarde, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar en 2015.

El trabajo doméstico remunerado emplea activamente en México a unos 2,4 millones de personas, el 95% de las cuales son mujeres migrantes, el 70% indígenas. Además, según datos del Gobierno de México, el 70% de esas personas no tiene ninguna prestación formal y el 35% gana menos de un salario mínimo.

Balcerzak: "la realidad es que los afrodescendientes son un grupo que merece medidas especiales en Argentina"


El presidente del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, Michal Balcerzak, cree que Argentina debe afrontar “la realidad de que los afrodescendientes son un grupo vulnerable que merece medidas especiales”, ya que no pueden ejercer plenamente “sus derechos económicos, sociales y culturales”.

Balcerzak añadió que, siguiendo el principio formulado en la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, “se debe reconocer a los afroargentinos y otros afrodescendientes y deben desarrollarse programas específicos para proteger sus derechos humanos”.

La delegación de expertos destacó las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno argentino para erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y, en especial, el desarrollo de un Programa Nacional para Afrodescendientes y un plan de acción para poner en práctica el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024).

“Vemos con beneplácito el compromiso del Gobierno para incluir la variable sobre afrodescendientes en el cuestionario general del Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares a realizarse en el año 2020”, agregó el Sr. Balcerzak.

Durante su estancia en Argentina, el Grupo de Trabajo visitó la capital del país, Buenos Aires, y las ciudades de Santiago del Estero y Santa Fe, situadas al norte y el centro-este del país respectivamente.

El Grupo de Trabajo dará a conocer su informe y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos el próximo mes de septiembre.

La Comisión de Derechos Humanos estableció el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes el 25 de abril de 2002, tras la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en la ciudad sudafricana de Durban, el año 2001.

El Grupo se compone de cinco expertos independientes: Michal Balcerzak (Polonia), presidente del Grupo en la actualidad; Ahmed Reid (Jamaica); Dominique Day (Estados Unidos de América); Sabelo Gumedze (Sudáfrica) y Ricardo A. Sunga III (Filipinas).

Michelle Bachelet informa al Consejo de Derechos Humanos del deterioro de la situación en Venezuela


Michelle Bachelet ha informado al Consejo de Derechos Humanos sobre el deterioro de la situación en Venezuela. La Alta Comisionada asegura que las autoridades se han negado a reconocer las “dimensiones y la gravedad de la crisis” y teme que, ahora, las sanciones económicas la agraven.

Bachelet alerta sobre el aumento de la mortalidad materna e infantil y cita un informe que asegura que más de un millón de niños no van a la escuela. "Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes", dijo la Alta Comisionada. 

Aunque “esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017”, dice Bachelet, le preocupa que las recientes sanciones de Estados Unidos sobre el sector petrolero venezolano “puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.

La Oficina de Derechos Humanos ha documentado “numerosas violaciones y abusos” perpetrados “por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales”, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.

La ONU asigna los primero 20 millones de dólares para Mozambique, Zimbabwe y Malawi


Con el objetivo de potenciar la respuesta humanitaria en Mozambique, Zimbabwe y Malawi tras el paso del ciclón tropical Idai, las Naciones Unidas han asignado este miércoles los primeros 20 millones de dólares de su Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia.

El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, señaló que la aportación “complementará los planes iniciales de los tres Gobiernos proporcionando asistencia vital a las comunidades afectadas, particularmente en materia de salud, seguridad alimentaria, protección, nutrición y educación".

Lowcock destacó que la asignación del Fondo Central es un primer paso, pero a todas luces “insuficiente para responder al incremento del volumen de necesidades previstas”, e instó a los donantes a contribuir generosamente a la respuesta al ciclón Idai.